Eléctrica en Crisis: Falta de Continuidad Golpea al Sector

El sector eléctrico dominicano atraviesa una coyuntura crítica, marcada por un deterioro progresivo que, según figuras con experiencia directa en su administración, se ancla en la ausencia de una visión de Estado que trascienda los ciclos gubernamentales. Rubén Bichara, otrora vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ha sido el vocero más reciente en denunciar esta realidad, vinculando el estancamiento y la involución del sistema a la perenne falta de continuidad en las políticas públicas. Esta carencia, sumada a un alarmante incremento en las pérdidas técnicas y no técnicas, configura un panorama sombrío cuyas repercusiones son sentidas directamente por la ciudadanía y el desarrollo económico del país.

Contexto y antecedentes

La historia del sector eléctrico dominicano es una crónica de intentos de reforma, grandes inversiones y, lamentablemente, persistentes problemas estructurales. Desde la nacionalización de las empresas de generación y distribución en la década de 1960 hasta la creación de la CDEEE con el objetivo de unificar la gestión y propiciar la inversión privada, cada administración ha buscado imprimir su sello, a menudo desmantelando o modificando lo construido por sus predecesores. La falta de un plan energético nacional verdaderamente inclusivo y de largo aliento ha sido un escollo recurrente. Se han promulgado leyes, se han firmado acuerdos internacionales y se han destinado presupuestos considerables, pero la fragilidad inherente al sistema ha permitido que los desafíos persistan. La dependencia de combustibles fósiles, la obsolescencia de algunas infraestructuras y la necesidad de una red de transmisión y distribución más eficiente son debates que se han postergado o abordado de manera fragmentada. La deuda histórica del sector, que asciende a miles de millones de dólares, es un lastre que limita la capacidad de inversión y modernización. Este panorama complejo y con raíces profundas es el caldo de cultivo perfecto para que la ausencia de políticas sostenidas se traduzca en un deterioro tangible.

Los hechos en detalle

Las declaraciones de Rubén Bichara ponen el dedo en la llaga sobre las causas del actual deterioro. Según su análisis, la raíz del problema reside en la “falta de continuidad de las políticas públicas”. Esto se traduce en que las estrategias exitosas son abandonadas al cambiar de gobierno, y los problemas crónicos, como el aumento de las pérdidas, no son abordados de manera integral y sostenida. Las pérdidas de energía, tanto técnicas (inherentes al transporte y distribución) como no técnicas (hurto de electricidad, ineficiencia en la facturación y cobro), se han convertido en un agujero negro que drena los recursos del sector. Si bien las cifras exactas fluctúan y varían según los reportes, se estima que las pérdidas operativas se mantienen en un rango alarmantemente alto, cercano al 25-30%, lo que representa miles de millones de pesos que no se recuperan y que impactan directamente en la viabilidad financiera de las empresas distribuidoras y en la necesidad de subsidios estatales. Bichara enfatizó que, sin una política clara y persistente en la reducción de estas pérdidas, cualquier inversión o mejora en la generación o transmisión se verá socavada. La falta de inversión en la modernización de redes de distribución y la tecnología de medidores inteligentes son solo algunos de los flancos débiles que permiten que esta fuga de recursos continúe sin control efectivo. La ausencia de un marco regulatorio sólido y estable que incentive la inversión privada y garantice la eficiencia operativa es otro componente esencial de esta problemática.

Análisis e implicaciones

La denuncia de Bichara no es una mera opinión aislada; representa la perspectiva de quien ha estado en las entrañas de la gestión eléctrica estatal. La falta de continuidad política en el sector eléctrico es una enfermedad endémica que ha impedido la consolidación de un sistema energético resiliente y eficiente. Cada gobierno entrante tiende a redefinir prioridades, a veces por convicción, otras por clientelismo o por la necesidad de marcar un nuevo rumbo, sin valorar los avances o los fundamentos de las políticas previas. Esto crea un ciclo vicioso donde se gastan recursos en diagnósticos y planes que luego quedan en el olvido. La consecuencia directa es la perpetuación de problemas como las pérdidas económicas y técnicas, el déficit financiero y la necesidad de subsidios gubernamentales masivos. Esto último representa una carga significativa para el presupuesto nacional, restando fondos que podrían destinarse a áreas prioritarias como educación, salud o infraestructura productiva. El deterioro del servicio eléctrico, traducido en interrupciones frecuentes e impredecibles, desincentiva la inversión privada en sectores manufactureros y de servicios, afectando la competitividad del país y la generación de empleo de calidad. La inconsistencia en las políticas también genera incertidumbre para los inversores, quienes buscan estabilidad y predictibilidad antes de comprometer capital. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2023 ya alertaba sobre la necesidad de reformas estructurales y un plan energético a largo plazo, un llamado que parece no haber sido atendido en su justa dimensión.

Impacto en la ciudadanía

Para el dominicano de a pie, las consecuencias del deterioro del sector eléctrico son tangibles y dolorosas. Los apagones, tanto programados como los “espontáneos”, interrumpen la cotidianidad, afectan los negocios, dañan electrodomésticos y generan inseguridad. Un comerciante en la zona colonial de Santo Domingo, que prefirió no revelar su nombre, explicó cómo los cortes de luz constantes afectan la cadena de frío de sus productos perecederos, generándole pérdidas diarias estimadas en RD$2,000. La falta de energía confiable no solo merma la calidad de vida, sino que también se traduce en un aumento de los costos para los hogares y las empresas, que deben invertir en plantas eléctricas, combustibles y baterías para mitigar los efectos de la inestabilidad. Esto incrementa la brecha entre quienes pueden permitirse estas soluciones y quienes no, profundizando la desigualdad. En zonas rurales, la ausencia de un servicio eléctrico constante y eficiente dificulta el desarrollo económico, limita el acceso a la educación (por ejemplo, la imposibilidad de usar equipos tecnológicos) y perpetúa el atraso. La percepción generalizada es que, a pesar de las inversiones anunciadas y las promesas, la situación no mejora sustancialmente, alimentando un sentimiento de frustración e impotencia.

Lo que viene

La advertencia de Rubén Bichara subraya la urgencia de un cambio de rumbo. A corto plazo, es probable que la discusión sobre el estado del sector eléctrico se intensifique en los medios de comunicación y en los foros políticos. La presión pública, impulsada por las continuas quejas sobre el servicio, podría forzar a las autoridades a presentar nuevas medidas o a reimpulsar iniciativas previas. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego será la capacidad de las próximas administraciones, independientemente de su afiliación política, para sentar las bases de políticas energéticas de Estado que trasciendan los periodos de gobierno. Se espera que surjan propuestas para fortalecer la regulación, optimizar la gestión de las pérdidas y fomentar la inversión en energías renovables y en la modernización de la infraestructura de transmisión y distribución. La ciudadanía, expectante, observará si estas propuestas se traducen en acciones concretas y sostenidas en el tiempo, o si se repetirán los patrones de inconsistencia que han plagado al sector por décadas. La meta mínima de reducción de pérdidas, fijada históricamente en menos del 18%, sigue siendo un horizonte lejano y desafiante.