Hospitales: De centros de salud a prisiones improvisadas

Hospitales: De centros de salud a prisiones improvisadas

Santo Domingo, RD. La línea que separa un centro de salud de una celda improvisada se ha vuelto peligrosamente difusa en el país, generando una crisis silenciosa que impacta tanto la seguridad ciudadana como el derecho fundamental a la salud. La saturación de hospitales con personas bajo custodia policial, a menudo por delitos menores o en espera de medidas de coerción, ha llevado a situaciones insostenibles donde la atención médica se ve comprometida y las fuerzas del orden se ven obligadas a ejercer labores de vigilancia en entornos no diseñados para ello. Esta problemática, que se extiende por varios centros hospitalarios a nivel nacional, exige una intervención inmediata para restaurar la funcionalidad de los hospitales y dignificar tanto a los pacientes como a los agentes.

Contexto y antecedentes

Durante años, hemos observado un incremento paulatino en la presencia de individuos bajo custodia dentro de las instalaciones hospitalarias. Inicialmente, esta práctica se limitaba a casos de extrema gravedad que requerían atención médica inmediata y una vigilancia constante, como en situaciones de terrorismo o crímenes de alto impacto. Sin embargo, la tendencia se ha desvirtuado, transformándose en una norma no escrita para la retención de imputados en espera de ser presentados ante la justicia o cumpliendo medidas de coerción de bajo riesgo. La falta de infraestructuras adecuadas en las instituciones penitenciarias y comisarías para albergar a la creciente población reclusa ha empujado esta responsabilidad hacia los hospitales. Se estima que, en promedio, un 20% de las camas en ciertas áreas de emergencia y pabellones de recuperación se encuentran ocupadas por personas bajo custodia policial, diluyendo los recursos y desviando la atención del personal médico y de enfermería de su labor primordial: salvar vidas. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en un patrón preocupante que afecta a hospitales de diversas provincias, desde el Ensanche La Fe hasta centros en Santiago y San Cristóbal, reflejando una falla sistémica en la coordinación interinstitucional.

Los hechos en detalle

Informes internos de la Policía Nacional y testimonios de personal médico revelan una problemática extendida. Los agentes se ven obligados a permanecer apostados en habitaciones de hospital, pasillos y salas de espera, custodiando a imputados que, en muchos casos, no presentan un riesgo inminente para la seguridad pública y cuya presencia interfiere con el flujo normal de pacientes y visitantes. Las cifras son alarmantes: en el Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, por ejemplo, se ha reportado que hasta 15 agentes pueden estar asignados simultáneamente a la vigilancia de una sola persona con heridas leves, consumiendo recursos valiosos en tareas de centinela en lugar de patrullaje o investigación. Esta práctica ha generado roces y tensiones. El Coronel Juan Pérez (nombre ficticio para proteger fuentes), quien prefirió mantener el anonimato, declaró: "Estamos aquí para proteger y servir en las calles, no para hacer de enfermeros o guardianes de personas que podrían estar en un centro de detención adecuado. Esto nos saca de nuestras funciones principales y nos expone a situaciones inesperadas en un ambiente hostil para nosotros." Por otro lado, la Doctora Ana Rodríguez (nombre ficticio), jefa de servicios en un centro hospitalario céntrico, señaló la urgencia de la situación: "No somos una cárcel. Nuestros espacios están diseñados para la curación, no para la reclusión. La presencia constante de policías y, en ocasiones, de los propios imputados deambulando por áreas comunes, genera un ambiente de inseguridad y dificulta el acceso a la atención de otros pacientes, especialmente en emergencias." Se han documentado casos donde la presencia de detenidos ha provocado incidentes, altercados con familiares de otros pacientes y demoras en la atención crítica.

Análisis e implicaciones

La desnaturalización de los hospitales como centros de detención tiene profundas implicaciones que trascienden la mera incomodidad. En primer lugar, representa una violación indirecta al derecho a la salud de los ciudadanos que requieren atención médica genuina. La saturación de espacios, la distracción del personal médico y la posible propagación de infecciones de un entorno carcelario a uno sanitario son riesgos tangibles. En segundo lugar, el uso de personal policial en labores de vigilancia hospitalaria es un desperdicio de recursos humanos y materiales. Los agentes, entrenados para la seguridad y la investigación, ven mermada su efectividad operativa al ser asignados a tareas que bien podrían ser manejadas por personal de seguridad penitenciaria o por un sistema judicial más ágil en la gestión de imputados. El Ministerio Público, en este escenario, juega un rol crucial. La lentitud en la resolución de casos, la falta de celeridad en la imposición de medidas de coerción o la ausencia de centros de detención transitoria adecuados fomentan esta práctica. Las autoridades sanitarias, por su parte, deben ser vocales en la defensa de la integridad de sus instalaciones, buscando acuerdos claros y firmes con las instituciones de seguridad y justicia para delimitar responsabilidades y asegurar que los hospitales cumplan su misión fundamental. La falta de un protocolo claro y efectivo para la gestión de pacientes bajo custodia ha creado un vacío que la improvisación ha venido a llenar, con consecuencias negativas para todos.

Impacto en la ciudadanía

Para el dominicano promedio, esta situación se traduce en un servicio de salud menos eficiente y, en ocasiones, menos seguro. Un paciente que acude a un hospital buscando alivio para una dolencia puede encontrarse con pasillos repletos de agentes policiales y personas bajo custodia, creando un ambiente tenso y desalentador. Las demoras en la atención, especialmente en emergencias, pueden magnificarse si el personal sanitario está sobrecargado o si los espacios están ocupados indebidamente. Imaginemos a un familiar esperando con angustia por noticias de un ser querido en cirugía, solo para encontrarse rodeado de la parafernalia de una detención. La sensación de inseguridad se incrementa, y la confianza en el sistema de salud puede verse mermada. Además, el costo económico de mantener agentes policiales en hospitales, que podría estimarse en varios miles de pesos diarios si se consideran salarios y viáticos, es un dinero que sale del erario público y que podría ser invertido en mejorar la infraestructura hospitalaria o en dotar de mayores recursos a la propia Policía Nacional para tareas más eficientes. La percepción pública es clara: los hospitales deben ser lugares de sanación, no extensiones de las celdas de las comisarías.

Lo que viene

La presión para resolver esta problemática debe intensificarse. Se espera que en las próximas semanas haya un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil. Es probable que se convoquen mesas de trabajo entre el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y el Ministerio Público para buscar soluciones pragmáticas. La implementación de centros de detención transitoria más eficientes y el agilización de los procesos judiciales podrían ser pasos iniciales. Sin embargo, la verdadera solución radica en un cambio de paradigma: dejar de considerar los hospitales como depósitos de personas detenidas y restaurarlos a su propósito original. Las autoridades deben actuar con decisión, estableciendo protocolos claros y asegurando el cumplimiento de los mismos, para que el centro de salud vuelva a ser sinónimo de esperanza y curación, y no de encierro y disfunción policial.