Policía Colapsa Emergencias: Detenidos Saturando Hospitales

Policía Colapsa Emergencias: Detenidos Saturando Hospitales

SANTO DOMINGO.- La operatividad de las salas de emergencia en los principales hospitales del país se ha visto severamente comprometida a raíz de un notable incremento en la afluencia de personas detenidas por la Policía Nacional. La Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) ha alzado la voz para denunciar que el traslado simultáneo de grupos considerables de individuos, requeridos para la obtención de certificados médicos forenses o de aptitud, está generando una congestión insostenible. Esta situación no solo desborda la capacidad de atención médica, sino que también retrasa la atención a pacientes con urgencias médicas reales, creando un cuello de botella crítico en el sistema de salud pública y planteando serias interrogantes sobre la coordinación interinstitucional.

Contexto y antecedentes

La práctica de requerir la certificación médica de personas detenidas no es nueva en el sistema judicial y policial dominicano. Históricamente, los procesos que involucran a individuos bajo custodia policial, ya sea por la comisión de delitos o por faltas menores, suelen demandar de un aval médico. Este aval puede ser para determinar su estado de salud al momento de la detención, evaluar su aptitud para ser presentados ante un juez, o incluso para documentar cualquier lesión que pudieran alegar haber sufrido. Dichos certificados, emitidos por médicos forenses o personal médico designado en los hospitales, son documentos cruciales para la cadena de custodia y la debida diligencia en los procesos legales. Sin embargo, la ejecución de estos procedimientos, especialmente cuando se concentran grandes volúmenes de detenidos en un mismo día o periodo corto, nunca antes había generado una alarma tan generalizada por parte del gremio médico, sugiriendo un cambio en la escala o la metodología de estos traslados.

La falta de un protocolo claro y descentralizado para la gestión de estas solicitudes médicas, sumada a la aparente falta de comunicación entre las instituciones policiales y de salud, ha sido un factor subyacente durante años. Tradicionalmente, los hospitales han gestionado estas peticiones de manera fragmentada, a menudo bajo la presión del tiempo de las autoridades judiciales. Pero la denuncia actual apunta a un patrón de traslados masivos que excede las capacidades habituales de absorción de los servicios de emergencia, donde cada minuto cuenta para salvar vidas.

Los hechos en detalle

La Sociedad Dominicana de Emergenciología ha sido enfática al señalar que la situación se ha vuelto alarmante en las últimas semanas, con la llegada de hasta 20 detenidos simultáneamente a algunas unidades de emergencia. Estos traslados, que se efectúan durante horas pico de atención hospitalaria, saturan las áreas de recepción, los pasillos y los cubículos de triaje, desplazando la atención que debería priorizarse para pacientes con cuadros agudos y críticos. Según informaciones recogidas por Imperio Público, la rutina en centros como el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Universitario Dr. Ney Arias Lora y el Hospital General de la Plaza de la Salud se ha visto interrumpida de manera recurrente. El Dr. Emilio Rivas, vocero de la Sodoem, declaró ante este medio: "Estamos recibiendo grupos de detenidos que ocupan espacios que deberían ser para pacientes con infartos, accidentes cerebrovasculares o politraumatismos severos. Esto es inaceptable y pone en riesgo la vida de todos." La Policía Nacional, por su parte, ha justificado estos traslados como procedimientos legales indispensables para la sustanciación de expedientes, pero no ha ofrecido detalles sobre un posible plan de contingencia o coordinación para mitigar el impacto en los centros de salud. La cantidad de operativos policiales en la capital y otras provincias, que han arrojado un número significativo de detenciones recientes, parece ser el catalizador de esta problemática.

Análisis e implicaciones

Este fenómeno no es meramente una cuestión de logística hospitalaria; representa una crisis de coordinación interinstitucional con profundas implicaciones para la seguridad pública y la salud. La saturación de las emergencias médicas por la afluencia de detenidos genera un efecto dominó: la demora en la atención de emergencias médicas legítimas puede llevar a un aumento de la morbimortalidad. Además, la presencia de individuos bajo custodia policial en áreas compartidas con pacientes civiles y sus familiares puede generar tensiones de seguridad y percepción de riesgo. La Sodoem subraya que, aunque comprenden la necesidad de los procedimientos policiales, la forma en que se están ejecutando demuestra una falta de planificación y priorización por parte de las autoridades. "Se debe buscar un mecanismo que no deteriore el servicio de salud que es vital para toda la población", enfatizó Rivas. El análisis del impacto revela una desconexión fundamental entre el accionar policial y la capacidad de respuesta del sistema sanitario, evidenciando la urgencia de establecer protocolos interinstitucionales robustos y transparentes que contemplen la asignación de recursos y la planificación temporal de estas actividades, quizás utilizando clínicas forenses o unidades médicas específicamente designadas para tales fines.

Impacto en la ciudadanía

Para el dominicano de a pie, las consecuencias de esta situación son directas y alarmantes. Un ciudadano que acude a una sala de emergencia buscando atención para un familiar que sufre un infarto, un accidente de tránsito con fracturas expuestas, o un niño con fiebre alta y dificultad respiratoria, podría encontrarse con largas filas de espera y una atención diluida. El estrés y la ansiedad se multiplican al ver que los recursos y el personal disponibles se ven sobrepasados por traslados que no responden a una urgencia médica de salud pública. Un caso reportado en la periferia de Santo Domingo describe cómo una paciente con contracciones de parto avanzadas tuvo que esperar más de dos horas para ser atendida, en parte debido a la presencia de más de 15 detenidos que requerían evaluación y certificados. La percepción de un sistema de salud colapsado, incluso si la causa es una mala gestión interinstitucional, genera desconfianza y frustración. La ciudadanía es la principal damnificada, viéndose obligada a competir por la atención médica en condiciones de desventaja, mientras las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia parecen ignorar el impacto directo en el bienestar de la población.

Lo que viene

Se espera que la denuncia formal de la Sodoem sirva como catalizador para una revisión inmediata de los protocolos que rigen el traslado de detenidos a centros de salud. Es previsible que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Interior y Policía deban entablar conversaciones urgentes para establecer directrices claras. La Sociedad Dominicana de Emergenciología ha advertido que, de no implementarse soluciones, podrían considerarse medidas de protesta o limitar la atención a los detenidos, priorizando siempre la vida de los pacientes regulares. La opinión pública, cada vez más informada a través de medios como Imperio Público, jugará un rol importante en la exigencia de rendición de cuentas. La meta inmediata debe ser la implementación de un sistema de citas o turnos diferidos para los certificados médicos de detenidos, así como la designación de personal médico específico y horarios alternativos para evitar la interrupción de los servicios de urgencia.