Cámara de Cuentas destapa boquete millonario en fideicomisos

Cámara de Cuentas desnuda opacidad en fideicomisos millonarios

Santo Domingo, República Dominicana. El Congreso Nacional se ve interpelado ante las contundentes revelaciones de la Cámara de Cuentas, que ha puesto al descubierto serias inconsistencias financieras y una alarmante baja ejecución presupuestaria en los fideicomisos públicos. Estos mecanismos, que movieron más de 35,000 millones de pesos durante 2025, presentan un panorama de opacidad y presunta ineficiencia que exige una respuesta legislativa y fiscalizadora contundente.

El órgano fiscalizador, en su primer análisis exhaustivo sobre la gestión de estos instrumentos, ha identificado un agujero de 9,727.6 millones de pesos entre los registros de la Fiduciaria Reservas y el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). La discrepancia, detallada en el informe anual de la Cámara de Cuentas, no solo apunta a errores contables, sino que también plantea serias dudas sobre la trazabilidad de los fondos públicos y el cumplimiento del principio de transparencia. Ante la gravedad de los hallazgos, la Fiduciaria Reservas ha declinado ofrecer comentarios, lo que agrava aún más la inquietud ciudadana.

Contexto e antecedentes: El ascenso de los fideicomisos y la necesidad de escrutinio

Los fideicomisos públicos han experimentado un auge considerable en los últimos años como herramientas para la gestión y financiamiento de proyectos estratégicos en el país. Su naturaleza jurídica, que permite cierta flexibilidad operativa, también los ha convertido en un foco de atención para los entes de control, dada la magnitud de los recursos que manejan. La decisión de la Cámara de Cuentas de incorporar por primera vez en su informe anual un análisis específico sobre estos mecanismos responde a una demanda creciente de mayor escrutinio y rendición de cuentas sobre la inversión de fondos estatales en este tipo de estructuras.

La Ley 423-06 de Presupuesto establece la obligatoriedad de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, las inconsistencias detectadas, como la clasificación errónea de transferencias destinadas a entidades como Sofratesa, Alstom Proyectos de Transporte y BPI France Assurance Export bajo la categoría de fideicomisos públicos, sugieren un intento deliberado de maquillar o desviar la naturaleza real de las operaciones. Este tipo de prácticas, según el órgano fiscalizador, "afectan la fiabilidad de la información financiera pública, dificultan la trazabilidad de los recursos transferidos y limitan la capacidad de fiscalización sobre el uso de fondos estatales".

Detalles del hecho: Cifras que estremecen y casos que preocupan

El informe de la Cámara de Cuentas detalla que la Fiduciaria Reservas reportó un total de 35,522.3 millones de pesos destinados a siete fideicomisos públicos durante 2025. Sin embargo, al contrastar esta cifra con los registros del SIGEF, solo se contabilizaron 25,794.6 millones de pesos en concepto de transferencias a fideicomisos. La diferencia de 9,727.6 millones de pesos es un dato que resuena con fuerza en los pasillos del poder y en la opinión pública.

Además de la disparidad en los montos, la Cámara de Cuentas señala irregularidades en la clasificación de algunas operaciones. Por ejemplo, transferencias del Ministerio de la Presidencia a empresas específicas fueron etiquetadas erróneamente como destinadas a fideicomisos públicos, una anomalía que socava la credibilidad del sistema. El órgano fiscalizador destacó, incluso, casos de baja ejecución presupuestaria en varios fideicomisos, donde una parte significativa de los recursos transferidos permanece sin ser utilizada. La miembro del pleno, Griselda Gómez, afirmó en entrevista a Diario Libre: "Encontramos que el año pasado se transfirieron unos 35,000 millones de pesos, pero hay una ejecución muy baja de estos recursos; el dinero está todavía disponible en la fiduciaria".

Entre los fideicomisos bajo observación se encuentran el Fondo de Fomento de Proyectos Aeroportuarios Dominicanos (Proaeropuertos) y el fideicomiso del parqueo de la Cámara de Diputados, los cuales no registraron actividad ni ejecución alguna debido a que aún se encuentran en fases iniciales de estructuración. De manera similar, el fideicomiso de Punta Catalina no mostró ejecución presupuestaria ni operaciones financieras o administrativas, a pesar de tener un balance remanente de 1.2 millones de pesos del año anterior. La Cámara recomendó, en este caso, su formal cierre y liquidación.

Implicaciones y análisis: Un llamado a la acción para el Congreso

Las revelaciones de la Cámara de Cuentas no son meros tecnicismos contables; representan un serio cuestionamiento a la eficacia y transparencia en la gestión de los fondos públicos. La falta de respuestas por parte de la Fiduciaria Reservas ante los requerimientos de la prensa y del órgano fiscalizador solo añade una capa de opacidad a un asunto ya de por sí delicado. El Congreso Nacional tiene ahora la responsabilidad ineludible de profundizar en esta investigación, exigir explicaciones detalladas y, si es necesario, reformar la legislación que rige los fideicomisos para evitar futuras irregularidades.

El impacto de estas discrepancias y la baja ejecución se traduce en una pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Los recursos que no se ejecutan o que se manejan de forma opaca podrían haber sido destinados a paliar necesidades apremiantes en áreas como salud, educación o infraestructura. La declaración de Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, en una entrevista previa, cobra especial relevancia: "La transparencia en la gestión de los recursos públicos no es una opción, es un imperativo ético y legal".

La controversia por los aumentos salariales dentro de la propia Cámara de Cuentas, aunque zanjada por la presidenta Emma Polanco como un asunto del pasado, plantea un debate paralelo sobre la propia cultura de rendición de cuentas dentro de los entes fiscalizadores. Si bien la institución ha avanzado en su transformación digital, incorporando herramientas de inteligencia artificial y eliminando el uso de papel, es fundamental que estas mejoras se traduzcan en una fiscalización más rigurosa y transparente.

Perspectiva ciudadana o regional: ¿Dónde está el dinero del pueblo?

Para el ciudadano dominicano promedio, estas cifras millonarias y las inconsistencias reveladas por la Cámara de Cuentas generan una profunda preocupación. La pregunta recurrente es: ¿dónde termina el dinero de nuestros impuestos cuando no se ejecuta o se maneja de forma tan poco clara? La falta de ejecución presupuestaria en fideicomisos significa que proyectos importantes, que podrían mejorar la calidad de vida de las comunidades, no se están llevando a cabo o sufren retrasos significativos.

En un país que aún enfrenta importantes desafíos en materia de desarrollo social y económico, la ineficiencia en la gestión de miles de millones de pesos es un lujo que no podemos permitirnos. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas que garanticen que cada peso invertido por el Estado cumpla su propósito y beneficie a la colectividad. La opacidad detectada en los fideicomisos, sumada a las irregularidades en ayuntamientos y juntas distritales previamente señaladas por la propia Cámara de Cuentas, alimenta la percepción de un sistema vulnerable a la mala gestión y al despilfarro.

Lo que viene: Fiscalización intensificada y posible reforma legal

Tras estas revelaciones, se espera una mayor presión sobre el Congreso Nacional para que inicie investigaciones formales sobre la gestión de los fideicomisos públicos. Los legisladores deberán exigir comparecencias de los responsables de la Fiduciaria Reservas y de los ministerios involucrados en las transferencias cuestionadas. La Cámara de Cuentas, por su parte, continuará con su labor fiscalizadora, con un total de 1,005 auditorías en proceso, de las cuales 205 se encuentran en ejecución. La conclusión de aproximadamente 90 informes pendientes en su primer año de gestión demuestra un esfuerzo por sanear el rezago acumulado en auditorías.

Es probable que estos hallazgos impulsen debates y posibles iniciativas legislativas para fortalecer el marco regulatorio de los fideicomisos, estableciendo mecanismos de supervisión más estrictos y penalizaciones más severas para el incumplimiento. La transparencia en la presentación de información y la trazabilidad de los fondos serán puntos clave en cualquier reforma que se proponga. La ciudadanía estará atenta a las acciones que tome el poder legislativo para dar respuesta a estas graves denuncias y garantizar un uso más eficiente y responsable de los recursos públicos.